La decisión del máximo tribunal del país abre un nuevo ciclo
político en el país más grande del continente.
1.
La Operación Lavadero de Autos se devoró a su principal enemigo
Nacida en los últimos años del primer mandato de Dilma, la Operación Lavadero
de Autos (Lava Jato) se apoyó en la prisión preventiva, la delación a cambio de
beneficios procesales y la posibilidad de ir preso en segunda instancia,
decisión tomada por el Tribunal Supremo Federal en 2016. Estos tres
instrumentos jurídicos de coerción contra los presuntos imputados hizo que el
radio de esta investigación prosperara y creciera al calor de las operaciones
mediáticas en el país. En un contexto en el que fue declarada judicialmente
como una operación “excepcional que no debía seguir las leyes del país”.
Bajo este mandato, el juez Sergio Moro, junto a los medios
privados, sentenció ante la opinión pública a Lula Da Silva como el principal
responsable de la trama de corrupción que investigaba. Casi cuatro años
después, la prisión preventiva y la delación premiada hicieron que el dueño de
la constructora OAS confesara la entrega de un departamento a Lula en calidad
de soborno. Esta fue una de las dos pruebas utilizadas por Moro para condenarlo
a nueve años de prisión, junto a un certificado de compra-venta que no llevaba
su firma.
El Supremo Tribunal Federal (STF) falló a favor de que Lula
fuera a prisión en segunda instancia después de que la condena de Moro fuera
ratificada. Es decir, evitó abrir cualquier tipo de cuestionamiento a esta
jurisprudencia que atenta contra la propia Constitución y el código penal. Casi
en las manos del juez municipal queda el futuro procesal de Lula luego de que
el STF blindase provisoriamente uno de los principales instrumentos de coerción
del Lava Jato: la prisión en segunda instancia.
Paradójicamente, hace cuatro años, cuando la operación empezaba,
difícilmente podía preverse que un juez municipal, junto a unos fiscales y
policías federales asesorados por Washington, podían llegar a meter preso a
quien declaraban como su principal enemigo. Hoy una serie en Netflix
inmortaliza su desempeño, y una sentencia lo convierte en el verdugo de Lula,
como si representase un suprapoder por fuera del escrutinio público y la propia
carta magna de la república brasileña.
2.
En Brasil formalmente se cierra la vía institucional a cualquier alternativa
electoral
De forma nominal, Lula puede ir a la cárcel en los próximos días, y presentar
una nueva apelación para salir del encarcelamiento. Es una maniobra jurídica
esperada por analistas de derecha y de izquierda. Sin embargo, sobre su cabeza
aún resta saber si la justicia electoral aplicará la figura jurídica de “Ficha
Limpia”, que establece la imposibilidad de candidatearse a cualquier político
con una condena en su contra. La sentencia del STF brinda un indicio de un
derrotero judicial que parece lejos de ser revertido en lo más esencial de su
vida política: su candidatura presidencial.
Existe todavía, sin embargo, la posibilidad de que la
jurisprudencia que permite la prisión de Lula sea revertida en el corto plazo.
Dado que varios jueces se pronunciaron en contra del habeas corpus del ex
presidente, pero a favor de echar para atrás la decisión en caso de que sea
tratada. Una posibilidad que hoy es obstruida por la actual presidenta del STF,
Carmen Lucia, pero que terminado su mandato en septiembre puede ser
desempolvada. De darse esto, Lula, junto a varios políticos y empresarios,
podría quedar en libertad limitándose seriamente el accionar del Lava Jato en
un entorno de alto descontento del cuerpo político del país contra Sergio Moro
y compañía. Empezando por el propio Temer.
Pese a que el PT afirme que continuará con la candidatura de
Lula hasta las últimas consecuencias, la realidad es que la utilización de su
figura parece ser usada como un mecanismo de presión para desnudar por completo
el esquema de gobierno de Brasil. En la práctica, el liderazgo del ex
presidente depende del vaivén de una comunidad de intereses que parece
administrar su futuro según sus requerimientos. Ante esa realidad, la prisión a
Lula tiene todas las características de ser una provocación para medir los
alcances de la reacción social en el país. En ese sentido, algunas
interrogantes son válidos.
¿La prisión contra Lula busca evitar que la transferencia de su
capital político a un eventual delfín que agrupe las voluntades que recoge?
¿Generar una reacción en las calles que sea utilizada por el gobierno de Temer
para aumentar el estado de excepción en el país? ¿O que una eventual situación
de tensión entre los seguidores de Lula y la extrema derecha permitan postergar
las presidenciales con la excusa de que no existen las condiciones para
hacerlas? Preguntas que, por muy conspirativas que suenen, son perfectamente
pertinentes en un entorno tan impredecible como incierto.
3.
La prisión a Lula comienza a cerrar el ciclo de una de las operaciones
geopolíticas más limpias de los últimos años
Cada vez es menos un secreto que la Operación Lava Jato fue una creación
auspiciada por los Departamentos de Estado y de Justicia de Estados Unidos,
bajo nexos con Sergio Moro, la Procuraduría de República y la Policía Federal a
cargo de la investigación. Sus resultados son más que evidentes en haber
aislado a la principal amenaza política de Washington: la coalición de
políticos brasileños, apoyados en el PT, proclives a fortalecer cada vez más a
las transnacionales del país como competidores globales.
El siguiente ejemplo demoledor lo resume: en 2014, los BRICS
anunciaron en Brasil el nacimiento de un sistema financiero alternativo con
China y Rusia a la cabeza. Hoy el país más grande del continente es quien mueve
los planes del Mercosur para firmar un tratado de libre comercio con la Unión
Europea y converger con la Alianza del Pacífico, la plataforma de mercado de
las corporaciones estadounidenses derrotadas en 2005 con el NO al ALCA.
Paradójicamente, la hoja de ruta del gobierno de Brasil es la misma recomendada
por el Consejo del Atlántico, conocido por ser la cabeza pensante de la OTAN
financiada por bancos y compañías de alta importancia en Wall Street.
Sin embargo, lo que comienza a observarse con el derrotero de
esta operación es la capacidad de moldear una nueva elite brasileña, soportadas
en áreas como la minería, la soja, las finanzas, la agroindustria, y las alas
más extremas de los militares, todas sin ningún tipo de capacidad de daño a los
intereses de EEUU en la región. Incluso, totalmente controlada por una pandilla
de jueces y fiscales que perfectamente pueden poner en cintura cada vez que se
salgan un poco del libreto.
4.
Para el progresismo, la prisión a Lula es un antes y un después en la
caracterización del campo de batalla regional
El antecedente de la casi segura prisión a Lula configura un nuevo momento
político a nivel latinoamericano porque tiene todos los signos de dar punto de
inicio a situaciones similares contra otros liderazgos judicializados como el
de Rafael Correa y Cristina Fernández de Kirchner. Ciertamente, los contextos
de ambos son diferentes, sin embargo muestran la intención de cerrar las vías institucionales
a cualquier tipo de alternativa electoral por un cúmulo de vías que sobrepasan
el margen de maniobra de éstos.
En ese sentido, el ejemplo de Lula demuestra que no alcanza sólo
con ser el político más valorado si detrás no hay un esquema de poder que lo
soporte y lo blinde de la acción arbitraria de la comunidad de intereses que
hoy gobierna su país. La realidad es demoledora en tanto y en cuanto pudo más
la presión de los militares, los jueces, los medios y el capital privado que la
voluntad de la mayoría de los brasileños.
El resultado es más que
obvio y evidente: la coalición antes señalada no respeta ni las reglas que
inventó para gobernar su país, porque ya no le son útiles. Por lo que se hace
de suma urgencia que el
progresismo asuma que disputa en un campo de batalla sin reglas, ni leyes,
totalmente flexible donde los mecanismos de presión para acceder al poder no se
agotan ni en el voto ni en la protesta, dos de las vías preponderantes que se
han adoptado para enfrentar el golpe continuado en Brasil.
Nuevamente, al progresismo se le impone replantearse tanto sus
esquemas de lucha como de ideas para enfrentar el actual momento político
regional. Que articule una coalición de poder, en cada territorio, que permita
desplazar a quienes gobiernan por distintos mecanismos de presión y fuerza. En
este contexto: Se hace importante plantearse ¿para qué se quiere el poder y
cuáles son las condiciones para acceder a él? Dado que su sola respuesta puede
clarificar una propuesta viable que reagrupe todo lo que estas nuevas elites
pro estadounidense han destruido a su paso. Una necesidad que se hace
preponderante en esta nueva etapa de América Latina.
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